Los volúmenes de capturas autorizados para la merluza común colocan a este valioso recurso al borde de la extinción.

A pesar de que los informes científicos aseguran que en los últimos veinte años desapareció el 80 por ciento de la población adulta de merluza común, las autoridades nacionales habilitaron para la pesca casi 300.000 toneladas, cantidad que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de altísimo riesgo.

De esa manera, se desoyó la sugerencia del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el organismo científico encargado de asesorar a las autoridades, de limitar la pesca a no más de 210.000 toneladas.

Es que el actual contexto es sumamente delicado. De hecho, el propio Inidep reconoció por primera vez en un documento oficial difundido en diciembre último la práctica de maniobras como la subdeclaración de lo pescado -pescar más de lo permitido y declarar la diferencia como otra especie-, así como el descarte en alta mar de ejemplares cuando se pescan otras especies.

El documento, incluso, estima cifras: las subdeclaraciones rondarían el 30 por ciento de lo desembarcado y los descartes oscilarían entre las 50.000 y las 60.000 toneladas.

El efecto que estas dos prácticas han tenido sobre la población del principal recurso pesquero nacional es alarmante. La Fundación Vida Silvestre analizó en detalle el informe técnico antes mencionado y elaboró un informe de análisis. Algunas de sus conclusiones resultan muy preocupantes. Entre ellas, que en los últimos veinte años desapareció el 70 por ciento del total de la población de merluza y el 80 por ciento de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares, hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil.

Han pasado poco más de sesenta días desde que esta columna auguraba una nueva etapa para la pesca tras el anuncio hecho por el Gobierno de la puesta en marcha de un sistema de administración pesquera por cuotas individuales transferibles de captura (CITC). Concluíamos que si los gobiernos nacional y de las provincias pesqueras asumían un compromiso histórico de gestión transparente y eficaz de los recursos pesqueros, se podría dar un paso adelante como sociedad políticamente organizada.

Pero ningún sistema puede funcionar sin una adecuada instrumentación y un control eficiente. A pocos meses de la implementación de aquella medida, el panorama es poco menos que desolador.

La captura máxima permisible establecida para la merluza común es de un volumen sensiblemente superior al recomendable.

Si a esto le agregamos la necesidad imperiosa de reducir los descartes a niveles mínimos, de controlar que no haya falsedad en los partes de pesca y en los volúmenes de desembarques y, en síntesis, de establecer y poner en marcha sistemas de control serios y responsables que por el momento no aparecen, el panorama se presenta como extremadamente peligroso para el éxito de la administración y mucho más para la sustentabilidad del recurso pesquero.

Es que la realidad de la merluza de la especie hubbsi del Mar Argentino se apoya en una verdad incontrastable: en los últimos años ha disminuido peligrosamente.

Como ha ocurrido con nuestros granos y con nuestra carne, el Gobierno también se equivoca, y mucho, en materia pesquera.

Si ante este panorama de suma gravedad las autoridades no ejercen responsablemente los controles, el monitoreo y la evaluación científica, no hay otro destino para la pesca que un nuevo fracaso.

13/04/10
LA NACION

Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, todas las actividades deben integrar el enfoque ecológico.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó, la semana pasada, el Informe Ambiental Anual 2010, una publicación que reúne los principales temas de la institucionalidad ambiental de la Argentina y de la región. En el marco del Bicentenario, el informe desarrolla los principales desafíos y plantea la necesidad de integración del tema ambiental a las decisiones públicas y privadas como objetivo.

La FARN es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 1985, cuyo propósito principal ha sido promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad mediante proyectos y trabajos relacionados con la temática ambiental -política, derecho y legislación ambiental, y organización institucional- destinados a los sectores públicos y privados.

El informe indica que, a nivel internacional, se deberán plantear soluciones concretas para los problemas del cambio climático, la crisis alimentaria, las migraciones de poblaciones a gran escala, la deforestación, los sistemas de energía no sustentables y la crisis en materia de biodiversidad, entre otros. En el nivel regional, se aspira a promover la integración de todos los países a fin de abordar las temáticas globales en forma conjunta.
En el nivel local, se recomienda que aquellos que trabajan en áreas como la economía, las políticas extractivas, la agricultura y el turismo adapten estrategias y políticas nacionales a largo plazo para que fomenten las inversiones sustentables que no perjudiquen el ambiente y que promuevan la participación y la integración social.

Desde el punto de vista gubernamental, sostiene que resulta imperioso que el Poder Ejecutivo cumpla con la realización del Informe Anual Ambiental, obligación establecida en la ley general del ambiente que no se cumple desde 2003.

En el nivel legislativo, se deberían fortalecer las herramientas estratégicas a través de leyes específicas de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, así como aquellas sobre temas sectoriales, tales como aire, glaciares, agroquímicos y áreas protegidas, que presentan una necesidad de tratamiento común en todo el territorio. En este sentido, agrega el informe, se debe cumplir con la reglamentación pendiente de varias leyes ambientales nacionales llamadas de presupuestos mínimos de protección ambiental. Por ejemplo, la ausencia de reglamentaciones de la ley de residuos domiciliarios en el orden nacional no permite avanzar en metas concretas de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Desde la óptica judicial, el gran desafío es la ejecución de las sentencias ambientales. Es importante trabajar de forma integrada con los distintos sectores para lograr que las decisiones y su imposición se hagan efectivas.

El informe hace hincapié en la importancia de que el sector privado incorpore la sustentabilidad a sus decisiones en el marco de la responsabilidad social y ambiental empresaria, para poder contribuir a cambios sociales profundos.

Se subraya la necesidad de incorporar en la toma de decisiones al sector académico, pieza fundamental para proveer herramientas esenciales.

En el texto también se recomienda trabajar con las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática ambiental. Es tarea de las autoridades que incorporen ese bagaje de experiencia y de conocimiento, y que promuevan y garanticen la participación de la ciudadanía en su defensa.

Sin duda, resulta imprescindible contar con una visión superadora que incorpore la temática ambiental a las modalidades de las distintas actividades de forma articulada, inclusiva y participativa para arribar a un modelo de desarrollo basado en un replanteo de los estilos de vida y de consumo.

El cuidado del ambiente no es un tema exclusivo para un sector. Es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto: todos compartimos el mismo planeta y todos debemos incorporar esta visión en nuestras actividades.

Sin embargo, como bien lo resalta este informe, para poder alcanzar un trabajo coordinado, en pos de un desarrollo sustentable y armónico, es imprescindible que todos los sectores generen alianzas. Se trata, pues, de reforzar las responsabilidades propias de cada sector para maximizar los resultados de las sinergias. Proteger el ambiente es una tarea que nos involucra a todos y de la que todos seremos beneficiarios.

13/04/10
LA NACION